Este gobierno "subversivo y montonero" durante los últimos tiempos ha dado muestras de sumisión a la justicia militar pinochetista chilena. Y quienes lucharon contra aquella dictadura son entregados por quienes hoy reivindican (o dicen reivindicar) a sus compañeros del otro lado de los Andes.
En julio se dio el caso de Juan Manuel Aliste Vega, militante social que estuvo detenido en las cárceles de Chile, ya en el período constitucional, por hechos ocurridos en el marco de la resistencia contra la dictadura de Augusto Pinochet. Durante su cautiverio fue salvajemente torturado por las fuerzas de seguridad chilenas. En este contexto, decidió no entregarse a la justicia militar de su país, ya que no tenía garantizado su derecho de defensa, y corría serio riesgo de ser torturado o asesinado.
El pasado 9 de julio, Aliste Vega fue detenido en la estación de ómnibus de Retiro por una orden internacional de captura en virtud de aplicársele la ley antiterrorista chilena. Esta ley que data de la dictadura pinochetista prevé que los acusados sean juzgados por tribunales militares y por el Código de Justicia Militar. Esto convierte en una farsa el derecho de defensa, ya que los militantes populares acusados por estos tribunales son condenados a penas muy severas sin acreditar fehacientemente hecho alguno y considerando “terroristas” acciones enmarcadas en la protesta social. Estos mismos tribunales entienden también en los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado, y en la práctica no hay casi condenas por estos hechos o si las hay las sanciones son ridículas.
Tras su detención en Buenos Aires, estaba en trámite un juicio de extradición en el Juzgado Federal nº 2 de Lomas de Zamora (causa nº 1390), donde se había intimado al gobierno chileno a que acompañe la orden formal de extradición y la documentación correspondiente. Además, existía una orden de expulsión decretada por la Dirección General de Migraciones (expediente nº 94947-2010), dictada sin siquiera haber escuchado a Aliste Vega, por el simple hecho de no tener registrado su ingreso al país. Esta orden de expulsión fue apelada por la defensa de Vega, a cargo de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo ( CADeP), y estaba pendiente de resolución por parte del Ministro del Interior de la Nación.
Y más recientemente el caso de Galvarino Apablaza, miembro del PC Chileno y el FPMR. La Corte Suprema de Argentina autorizó la extradición del ex frentista chileno Sergio Galvarino Apablaza Guerra, que había sido solicitada por el gobierno de Chile por su vinculación con el asesinato del senador Jaime Guzmán, ocurrido en 1991 y el secuestro del empresario periodístico Cristián Edwards.
Según precisó el máximo tribunal del vecino país, la decisión final de su extradición está ahora en manos del Poder Ejecutivo.
El frentista llegó a Argentina en 1993 y fue detenido en noviembre del 2004. Tras 7 meses de presidio, se inició un juicio de extradición cuyo juez, Claudio Bonadío, rechazó por considerar que los ilícitos que se le atribuyeron no eran terroristas, sino políticos.
Ese mismo año Apablaza ingresó la petición de asilo político. Dado que el Gobierno la negó, y por el contrario ordenó su extradición, llegaron muchas críticas de organismos de DDHH, incluyendo a las Madres.
Ese mismo año Apablaza ingresó la petición de asilo político. Dado que el Gobierno la negó, y por el contrario ordenó su extradición, llegaron muchas críticas de organismos de DDHH, incluyendo a las Madres.
Así que vemos a los "montoneros" entregando a sus compañeros chilenos.
http://www.telesurtv.net/noticias/opinion/2165/juan-aliste-a-la-hoguera/
http://argentina.indymedia.org/news/2010/07/742606.php
http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=436133
http://es.wikipedia.org/wiki/Galvarino_Apablaza
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