Otra vez otro desempate, otra vez un voto polémico de Cobos, otra vez histeria colectiva en la clase política, otra vez amenaza de veto. Pero la cuestión de fondo es el tema del 82% móvil en las jubilaciones. Y aquí está la exposición de nuestro amigo Claudio al respecto de hace unos meses. Este proyecto debe ser trabajado ahora, que todo parece empezar de nuevo.
Si retornáramos las contribuciones a los niveles vigentes en 1993 solamente para las grandes firmas (este segmento empresarial) la masa de recursos que podrían recaudarse sería de $21.077,6 millones (Si retornáramos las contribuciones a los niveles vigentes en 1993 solamente para las grandes firmas (este segmento empresarial) la masa de recursos que podrían recaudarse sería de $21.077,6 millones (para ver el archivo completo escribir por mail o esperar unos días a que suba el link).
El trabajo sobre restitución de los aportes patronales, elaborado junto a Tomás Raffo, que muestra el impacto sobre la recaudación previsional, que surgiría de la restitución de los aportes patronales a los niveles de 1993, solo sobre las grandes empresas. Como resultado, según muestra Lozano en el material que se adjunta, se obtendría una masa de recursos adicionales de $ 21.077,6 millones.
Hay que terminar con las mentiras oficiales que hablan de catástrofes y desfinanciamientos y, también, con las chantadas de una oposición conservadora, que patea para adelante la discusión sobre el financiamiento.
La presidenta no tiene nada que vetar. Tiene que recuperar un financiamiento genuino del sistema previsional como lo son las contribuciones patronales que, aplicadas sobre las grandes empresas, garantizan casi $ 20.000 millones
DESGRABACIÓN TAQUIGRAFICA DISCUTIENDO EL 82% MOVIL
Voy a complementar con algunas reflexiones los conceptos vertidos por mi compañera de interbloque, la señora diputada Graciela Iturraspe.
En primer término, debo aclarar que la utopía del 82 por ciento no es el resultado de ningún cálculo actuarial ni de ninguna cuestión de orden matemático. Si en la Argentina de mediados del siglo pasado se discutió el tema del 82 por ciento, fue porque el país venía de una experiencia política, económica y social que le había garantizado industrialización, distribución progresiva de los ingresos, asalarización formal extendida y baja tasa de desempleo. En ese marco se entendía que si un trabajador ganaba cien pesos en su vida activa, era razonable que al momento de jubilarse, descontado el aporte jubilatorio y sus aportes al sindicato y a la obra social, le quedaran 82 pesos, es decir, su salario neto.
En aquella sociedad se entendía incluso se lo planteó como objetivo que era razonable lo que la Constitución establece en el sentido de que el haber es el sustituto del salario para quien dejó la vida activa y pasó a formar parte de la clase pasiva.
Allí se ubica el fundamento por el cual nosotros no renunciamos a ese objetivo. Creemos que la sociedad que debemos construir es aquella que permita a los mayores seguir viviendo del mismo modo en el que lo hacían cuando trabajaban. Esta es la primera consideración que queremos realizar con absoluta claridad.
El régimen previsional a construir es aquel que nos permita alcanzar ese objetivo. Entendemos que el logro de ese objetivo supone una reforma previsional importante e implica discutir en serio que el régimen contributivo, tal como lo entendemos hasta ahora, no alcanza.
Dicho esto voy a señalar el núcleo de las diferencias que existen entre el dictamen de mayoría y el de minoría. Radica en el hecho de que nosotros dijimos desde un comienzo que no se podía plantear esta propuesta sin precisar con claridad cómo se garantiza el financiamiento.
Por eso nuestro interbloque, acompañado por otros bloques, ha sostenido la necesidad de que dentro del articulado esté expresado cómo se financian los objetivos expuestos por el miembro informante del dictamen de la mayoría y por la diputada Iturraspe.
El primer argumento que aparece entonces para decir que “no se puede” es la ausencia de financiamiento. Nosotros decimos con claridad que si el objetivo es poner el haber mínimo en 1.230 pesos, teniendo en cuenta el salario mínimo vigente y las actualizaciones de los casos “Badaro” y “Sánchez” –sobre la base de lo que el gobierno dio como incremento en el último aumento , la necesidad de financiamiento anual sería de 18.931 millones de pesos.
A su vez, si consideramos el rumbo que planteó el Consejo del Salario con el aumento para enero de 2011, tomando en cuenta los casos Badaro y Sánchez, en realidad estaríamos hablando de una cifra máxima de 29.791 millones. En este caso el haber mínimo pasaría a 1.508 pesos.
Por todo esto hay que precisar con claridad el financiamiento en la propuesta, para protegerla y garantizar que no haya excusas para no dar a nuestros mayores lo que les corresponde.
Planteamos con claridad en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y está estipulado en nuestro dictamen de minoría, que en primer lugar hay que tomar en cuenta los recursos de la ANSES. El superávit para este año de la ANSES, con la recaudación en los niveles en que está hoy, está en el orden de los 13.034 millones de pesos.
A su vez, las contribuciones patronales, restituyéndolas a los niveles de 1993 y circunscribiéndolas a las grandes empresas es decir que quedan fuera pequeñas y medianas empresas , nos permitirían recuperar 16.911 millones. Incluso hay posibilidad de financiar y graduar el modo en que se irían restituyendo esas contribuciones.
Frente a algunas observaciones que aparecieron diciendo que este no era el número porque estaba calculado sobre información del Observatorio Social del Ministerio de Trabajo, asumimos la tarea de buscar la información vía AFIP, que es mucho más confiable.
En realidad esa información lo que nos dice frente a algunos que decían “bueno, si sacamos a las pymes nos quedamos con mucho menos” es que cuando se habla de trabajo registrado el tema da exactamente al revés.
La AFIP dice con toda claridad que el 4 por ciento de las empresas concentra el 60 por ciento de los trabajadores registrados, el 72 por ciento de la masa salarial y el 75 por ciento de las contribuciones patronales. Por lo cual, actualizando los números por los valores de la AFIP, ya no por los del Observatorio Social del Ministerio de Trabajo, la cifra que daría la restitución de las contribuciones patronales es de 20.820 millones de pesos, libres de lo que corresponde al sistema de obras sociales. Por lo tanto, los recursos para poder afrontar lo que estamos planteando alcanzan y sobran.
Podemos agregar también la importancia de bajar el tope para el fondo de garantía, que recordemos que cuando empezamos era del 30 por ciento de las prestaciones, luego pasó a ser de un año y ahora ya no se sabe qué límite tiene.
También podemos contar como seguramente va a ocurrir a partir del dictamen que saquemos con que efectivamente la incidencia de los juicios va a ser menor por las imputaciones que tenemos en el presupuesto para juicios de carácter previsional.
Por otra parte, existen los recursos extraprevisionales por el mejor comportamiento de la recaudación tributaria respecto de lo que está proyectado. Hemos terminado el primer semestre con 27 mil millones de pesos por encima de lo que estaba pautado en el presupuesto correspondiente aprobado por esta Cámara.
¿Por qué estamos planteando este dictamen, con estas características y con estas diferencias respecto del dictamen de mayoría? Hemos dicho al gobierno nacional que están los números para discutir con sensatez la posibilidad de garantizar el aumento del haber jubilatorio, y también hemos dicho a quienes son firmantes del dictamen de la mayoría que hay un modo mucho más adecuado de defender el 82 por ciento, que implica decir con claridad cuál es el financiamiento, corriéndose de cualquier tipo de foto que plantee desfinanciar al Estado, reduciendo retenciones.
La prioridad del 82 por ciento no puede estar en discusión con respecto al objetivo de la Cámara. Hemos planteado este objetivo para garantizar el voto unánime, no partidario, en relación con una urgencia social objetiva: los jubilados cobran 895 pesos y necesitan 2.000 para poder vivir.
En este sentido, decimos que nos están trampeando cuando nos señalan que para hacerse cargo de la situación hay dinero, pero que ella no sería sustentable en el tiempo. Lo que no es sustentable en el tiempo es el sistema previsional tal como está. La población económicamente activa está integrada por 16.900.000 personas, mientras que aportan sólo 8.200.000. Es decir que el 52 por ciento de quienes están en edad de trabajar no aportan en la Argentina.
Estamos incubando una bomba previsional si no debatimos la reforma previsional que necesitamos. Ya es insustentable sin este aumento. No hay que buscar excusas en la necesidad de discutir este tema, porque al impedir a los mayores que ganen un poco más –llevando su haber a mil cuatrocientos pesos- tampoco estamos resolviendo el problema.
Se pueden hacer grandes discursos diciendo que deben esperar las reformas estructurales que vendrán cuando se tiene más de 10.000 pesos en el bolsillo, pero no 890, que no garantizan llegar a fin de mes. Esta es la discusión que hemos planteado.
Otro argumento expresa que este no es el momento. En verdad, esto es muy opinable. Hubo muchos momentos de comportamiento espectacular de la economía argentina para haber podido restituir las contribuciones, y no se lo hizo. Por ello insistimos hoy.
También ha aparecido entre nosotros un acuerdo implícito que vincula a algunos de los firmantes del dictamen de minoría con el gobierno nacional y las grandes cámaras patronales, que tratan de presentar como un derecho adquirido la rebaja de las contribuciones patronales que Domingo Felipe Cavallo introdujo en 1993.
Por eso venimos a decir que, efectivamente, hay recursos. El debate de la sustentabilidad es el de la reforma previsional, y no la discusión que debemos dar hoy. Sí estamos esperando, con proyecto incluido, para debatir la reforma en el momento en que quieran, y ello será mejor que sea más temprano que tarde.
Es falso decir que las contribuciones patronales implicarán despidos o empleo en negro. Esa es la visión de Domingo Cavallo, presentada hoy por quienes dicen que no tienen que ver con esta argumentación. Mis amigos Boudou y Lanceta, cuando dicen esto, están diciendo lo mismo que Cavallo expresara en 1993.
Por último, detrás del debate que planteamos no se nos escapa que hay una discusión sobre la reforma previsional, pero también se encuentra un debate sobre el modelo de país. No se pueden garantizar haberes razonables si los salarios no son razonables, y el ingreso promedio de los argentinos es de 1.800 pesos.
Por lo tanto, la discusión es previsional, pero también sobre la concentración, la desigualdad y el patrón productivo en la Argentina.
Hoy hay plata para garantizar la mejora de los jubilados, pero la discusión estructural es responsabilidad del Parlamento y es urgente que la demos. No hay ninguna justificación para postergar las necesidades que ellos tienen.
http://corteporlozano.blogspot.com/2010/08/ni-mentiras-ni-chantadas.html
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